Bar Radar
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Autos Juicio ordinario nº 151/08

Sentencia nº 88/10

En Madrid, a 18 de marzo de 2010.

Vistos por mí, Javier García Marrero, Magistrado Juez del Juzgado
Mercantil nº 5 de Madrid, los presentes autos de juicio ordinario nº
151/08, seguidos a instancia de Asociación de Gestión de Derechos
Intelectuales (AGEDI) y Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad
de Gestión de España (AIE), representadas por el procurador Doña
xx. asistidas por el letrado D. yy contra Don Manuel Jesús Sevillano
Rodríguez, representado por el Procurador Doña Rocío Sampere Meneses,
asistido por el letrado D. Javier de la Cueva González-Cotera, sobre
propiedad intelectual, he procedido a dictar la presente resolución,
EN NOMBRE DE S.M. EL REY, teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de Hecho
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PRIMERO: Que por el procurador de la parte actora, en la
representación que ostenta y mediante el escrito que por el turno de
reparto correspondió a este Juzgado, se interpuso demanda de juicio
ordinario en la que en síntesis manifestaba que la demandada se
dedicaba a la explotación de un establecimiento de hostelería, Bar
Radar, donde se estaban realizando actos de comunicación pública sin
autorización. En apoyo de estos hechos alegó los fundamentos de
derecho que consideró oportuno y terminó solicitando que se admitiera
la demanda y que tras los trámites oportunos se dictara sentencia por
la que se estimaran sus pretensiones.

SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada que
se opuso alegando que no utilizaba el repertorio gestionado por la
actora.

Se celebró la audiencia previa al juicio, en la que se precisaron los
puntos objeto de discusión, se solicitaron los medios de prueba siendo
admitidos los pertinentes. Se señaló día para el juicio, concurriendo
tanto la parte actora como la demandada y se practicaron los medios de
prueba propuestos, con el resultado que consta en autos, se realizaron
resumen de los hechos y fundamentos de derecho, acordándose que
quedaran los autos conclusos para sentencia.

TERCERO: Que en la substanciación de este pleito se han observado las
prescripciones legales, excepto el cumplimiento de los plazos
procesales.

Fundamentos de Derecho
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PRIMERO: Se ejercita por las entidades demandantes las acciones de
reclamación de cantidad y de indemnización de daños y perjuicios.

El art. 138 de la LPI regula las acciones atribuidas al titular de
los derechos reconocidos en la ley, que, sin perjuicio de otras
acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad
ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños
materiales y morales causados, en los términos previstos en los
arts. 139 y 140.

El demandado se opuso a la demanda, alegando que no utilizaba el
repertorio gestionado por la actora.

En primer lugar, se debe aludir a la legitimación activa de la
demandante.

En este sentido, el artículo 150 del TRLPI establece que "Las
entidades de gestión, una vez autorizadas, estarán legitimadas en los
términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los
derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de
procedimientos administrativos o judiciales.

Para acreditar dicha legitimación, la entidad de gestión únicamente
deberá aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos y
certificación acreditativa de su autorización administrativa. El
demandado sólo podrá fundar su oposición en la falta de representación
de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el
pago de la remuneración correspondiente."

El Tribunal Supremo en sentencia de 10 de mayo de 2003, interpretando
el artículo 135, que corresponde al actual 150 ha señalado, que
"... la cuestión de la legitimación activa de la recurrente y que
ocasionó que la demanda no prosperase, ha sido resuelta por esta Sala
en dos sentencias de fecha 29 de octubre de 1999 -que precisamente
casaron las pronunciadas por la Audiencia que dictó la que nos ocupa-,
y en las que se vino a declarar, interpretando el artículo 135 de la
Ley, que los derechos confiados de gestión que refiere para hacerlos
valer las entidades autoridades en toda clase de procedimientos
judiciales o administrativos comprenden aquellos cuya gestión «in
genere» constituye el objeto de su actividad, de acuerdo con los
Estatutos que las rigen y no los concretos derechos individuales, en
virtud de contratos con los titulares o acuerdos con otras
organizaciones de idéntica finalidad y de este modo la S.G.A.E. está
asistida de la legitimación necesaria para poder defender en juicio
los derechos a los que se extiende su actividad. Aquí quedó demostrado
que la recurrente cumplió los requisitos exigidos por los artículos
132 y 133 de la Ley 1987, en cuanto a haber obtenido la
correspondiente autorización del Ministerio de Cultura (Orden de 1 de
junio de 1988 que aprobó sus Estatutos), y que en este sentido las
sentencias referidas resultan contundentes al sentar que a la
recurrente le basta para la defensa judicial de los derechos
discutidos en el litigio con la aportación de la documentación que se
deja dicha, al cumplirse de esta manera con las exigencias del
artículo 503-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil". (en términos
semejantes SSTS 29/10/99; 18/10/01; 18/12/01; 15/07/02; 24/09/02;
15/10/02 y 15/03/03).

Dice la SAP Madrid núm. 56/2007 (Sección 28 especializada), de 8 de
marzo de 2007 (referencia AC 2007/1764) y en igual sentido la de 19 de
abril de 2007 que "la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha
inclinado por apreciar la legitimación universal de las entidades
(SSTS de 18 de diciembre de 2001, 24 de septiembre de 2000 y 15 de
octubre de 2002, entre otras) afirmando que cuando el artículo 135 de
la Ley de Propiedad Intelectual, redacción de 1987 (actual art. 150),
establece que «las entidades de gestión una vez autorizadas, estarán
legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos,
para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en
toda clase de procedimientos administrativos o judiciales» debe
entenderse partiendo que la expresión «derechos confiados a su
gestión» puesta en relación con la de «en los términos que resulten de
sus estatutos», se refiere a aquellos derechos cuya gestión «in
genere» constituye, de acuerdo con los estatutos, el objeto de
actuación de la entidad de gestión, no a los concretos derechos
individuales que, mediante contratos con los titulares de los mismos o
acuerdos con otras organizaciones de idéntica finalidad, les hayan
sido encomendados para su gestión. Se atribuye así a la SGAE (Entidad
a la que se refieren la mayor parte de los procedimientos)
legitimación para la defensa en juicio de los derechos a que se
extiende su actividad (...)

En conclusión de lo expuesto, las características especiales de este
tipo de legitimación, la defensa de intereses colectivos, no de los
intereses individuales, y el hecho que se pretende acreditar, que es
el ilícito derivado de la comunicación pública de obras protegidas,
protección que asume la demandante en defensa de esos intereses
colectivos, impiden que pueda prosperar el recurso".

La legitimación de las entidades de gestión es una legitimación
propia y no por sustitución (SSTS de 18 de octubre de 2001, 15 de
octubre de 2002 y 31 de enero de 2003), apareciendo, más patente esta
legitimación propia de las entidades de gestión, en la nueva normativa
del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), cuando
en el apartado c) del número 4 del art. 20, establece que estos
derechos se harán efectivos a través de entidades que los gestionen, y
en el supuesto que el titular no hubiese encomendado la gestión a
entidad determinada, se harán efectivo por una que gestione los
derechos de la misma categoría. Basta para la defensa en juicio de los
derechos a que refiere el litigio con la aportación de la autorización
administrativa que habilite la gestión y los Estatutos debidamente
aprobados (STS 18 de diciembre de 2001).

Para acreditar esta legitimación, la jurisprudencia ha señalado que es
suficiente con la aportación de la autorización administrativa y sus
estatutos. Así dice la STS de 16 de abril de 2007 (referencia EDJ
2007/36066) que "la entidad actora -EGEDA- acreditó la autorización
administrativa como Entidad de gestión (Ordenes Ministeriales de 29 de
octubre de 1990, 28 de agosto de 1992, 20 de diciembre de 1993 y 6 de
marzo de 1995) y aportó copia de los Estatutos de los que resulta su
legitimación propia para actuar respecto de aquellos derechos cuya
gestión «in genere» constituye el objeto de su actividad, lo que es
suficiente «prima facie», sin necesidad de acreditar las
autorizaciones individuales de los titulares de los derechos de
explotación, según vienen entendiendo la doctrina jurisprudencial de
esta Sala (SS., entre otras, 29 de octubre 1999, 18 octubre 2001, 24
septiembre y 15 octubre 2002, 31 enero y 10 marzo 2003, 24 noviembre y
12 diciembre 2006).

En el caso concreto, en primer lugar se debe acudir a los estatutos
aportados por las demandantes, constando además la correspondiente
autorización administrativa del Ministerio de Cultura (documentos nº 2
a 5 de la demanda).

En los de AGEDI en su artículo 3 se señala como objeto, entre otros,
ostentar la representación profesional de sus afiliados; plantear y
coordinar actuaciones frente a terceros en defensa de los derechos de
propiedad intelectual que afectan a los productores fonográficos
respecto de sus grabaciones sonoras y/o vídeos musicales; la gestión
colectiva de los derechos que corresponde a los productores
fonográficos por la comunicación pública de sus grabaciones sonoras y
vídeos musicales, por su reproducción exclusivamente para, directa o
indirectamente, proceder a su comunicación pública, así como la
remuneración compensatoria regulada en el artículo 25 de la LPI.

En los estatutos de la entidad AIE se recoge en el artículo 4 sus
fines, constituyendo el principal la gestión de los derechos de la
propiedad intelectual de los artistas, intérpretes o ejecutantes que
se indican en los números 2 y 3 del artículo, correspondientes tanto a
sus titulares originarios como derivativos. Se indica que ejercerá la
gestión de los derechos comprendidos en el artículo y la de todos
aquellos cuya gestión colectiva obligatoria esté determinada por la
ley.

Por lo tanto, al constar acreditado que las actoras son entidades de
gestión de derechos de carácter colectivo, y haber aportado sus
estatutos y la autorización administrativa ha de considerarse que
están legitimados activamente.

SEGUNDO: En materia de artistas y productores debe acudirse a los
arts. 108 y siguientes del TRLPI.

El artículo 108 en su anterior redacción establecía que "Corresponde
al artista intérprete o ejecutante el derecho exclusivo de autorizar
la comunicación pública.

 a) de sus actuaciones, salvo cuando dicha actuación constituya en sí
    una actuación transmitida por radiodifusión o se realice a partir
    de una fijación previamente autorizada:

 b) En cualquier caso, de las fijaciones de sus actuaciones mediante
    la puesta a disposición del público en la forma prevista en el
    art. 20.2.i)

En ambos casos la autorización deberá otorgarse por escrito.

Cuando la comunicación al público se realice vía satélite o por cable
y en los términos previstos respectivamente en los apartados 3 y 4
art. 20 y ss. de esta ley, será de aplicación lo dispuesto en tales
preceptos.

(...)

4. Los usuarios de un fonograma publicado con fines comerciales, o de
una reproducción de dicho fonograma que se utilice para cualquier
forma de comunicación pública, tienen obligación de pagar una
remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o
ejecutantes y a los productores de fonogramas, entre los cuales se
efectuará el reparto de la misma. A falta de acuerdo entre ellos sobre
dicho reparto, éste se realizará por partes iguales.

5. Los usuarios de las grabaciones audiovisuales que se utilicen para
los actos de comunicación pública previstos en el art. 20.2.f) y g)
tienen obligación de pagar a los artistas intérpretes o ejecutantes y
a los productores de grabaciones audiovisuales la remuneración que
proceda, de acuerdo con las tarifas generales establecidas por la
correspondiente entidad de gestión.

Los usuarios de grabaciones audiovisuales que se utilicen para
cualquier acto de comunicación al público, distinto de los señalados
en el párrafo anterior y de la puesta a disposición del público
prevista en el apartado 1.b), tienen asimismo la obligación de pagar
una remuneración equitativa a los artistas intérpretes o ejecutantes,
sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3.

6. El derecho a las remuneraciones a que se refieren los apartados 3,
4 y 5 se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los
derechos de propiedad intelectual. La efectividad de los derechos a
través de las respectivas entidades de gestión comprenderá la
negociación con los usuarios, la determinación, la recaudación y la
distribución de la remuneración correspondiente, así como cualquier
otra actuación necesaria para asegurar la efectividad de aquéllos.

Por su parte, el artículo 116 señala que: "1. Cuando la comunicación
al público se realice vía satélite o por cable y en los términos
previstos, respectivamente, en los apartados 3 y 4 del artículo 20 de
esta ley, será de aplicación lo dispuesto en tales preceptos.

2. Los usuarios de un fonograma publicado con fines comerciales, o de
una reproducción de dicho fonograma que se utilice para cualquier
forma de comunicación pública, tienen obligación de pagar una
remuneración equitativa y única a los productores de fonogramas y a
los artistas intérpretes o ejecutantes, entre los cuales se efectuará
el reparto de la misma. A falta de acuerdo entre ellos sobre dicho
reparto, éste se realizará por partes iguales. 

3. El derecho a la remuneración equitativa y única a que se refiere el
apartado anterior se hará efectivo a través de las entidades de
gestión de los derechos de propiedad intelectual. La efectividad de
este derecho a través de las respectivas entidades de gestión
comprenderá la negociación con los usuarios, la determinación,
recaudación y distribución de la remuneración correspondiente, así
como cualquier otra actuación necesaria para asegurar la efectividad
de aquél."

Además se debe tener en [sic] que la STS Sala 3ª de 1 de marzo 2001
declara la subsistencia del derecho exclusivo de los productores de
fonogramas a autorizar la comunicación pública de éstos y de sus
copias, reconocido en el art. 109, apartado 1 Ley 22/1987 de 11 de
noviembre, de Propiedad Intelectual.

Señalan las demandantes que la demandada lleva a cabo actos de
comunicación pública sin autorización. El art. 17 de TRLPI recoge el
derecho exclusivo de explotación y sus modalidades. Señalando dicho
precepto que "corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los
derechos de explotación de su obra de cualquier forma y, en especial,
los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación, que no podrán ser realizados sin su autorización,
salvo en los casos previstos en la presente ley". En el art. 20 de la
ley se hace referencia a los supuestos de comunicación pública,
entendiéndose por tal todo acto por el cual una pluralidad de personas
pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a
cada una de ellas; no se considerará pública la comunicación cuando se
celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté
integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo. En el
apartado 2º se regulan una serie de supuestos específicos de
comunicación pública, y entre ellos se incluye la ejecución musical
mediante cualquier tipo medio o procedimiento.

No es hecho controvertido, ya que lo ha reconocido el demandado, que
realice actos de comunicación pública de fonogramas, sin embargo
señala que no se trata de obras de socios de las actoras, es decir,
que no hace uso del repertorio gestionado por los demandantes.

En este punto, no es posible exigir a la actora que justifique que
todas las obras que se comuniquen en el local del demandado son de su
repertorio, ya que éste es tan amplio que exigirle dicha prueba se ha
considerado prueba diabólica, entendiéndose que existe una presunción
de que las obras que se comunican son gestionadas por la actora,
aunque se trata de una presunción iuris tantum, por lo que admite
prueba en contrario. Esta prueba ha de ir destinada a demostrar que la
música que se comunica es de autores que no son socios de las
entidades de gestión reclamante, prueba que evidentemente corresponde
al que lo alega, quien además es el que posee los datos para ello y
puede acceder a los medios probatorios.

Esta es la solución que han venido manteniendo las audiencias
provinciales (SAP de Guipúzcoa de 28 de julio de 2009 y SAP Madrid de
13 de marzo de 2009). La SAP de Guipúzcoa de 28 de julio de 2009
señala: "... En este sentido un adecuado reparto de la carga
probatoria implica en este caso, que al demandado corresponda tan solo
destruir la presunción favorable a la actora (no pudiendo exigírsele
la "probatio diabólica"). Ahora bien estamos en presencia de una
presunción iuris tantum que como tal admite prueba en contrario. En
concreto podría desvirtuarse la presunción, si el demandado acreditara
que las obras musicales objeto de comunicación pública no forman parte
del repertorio gestionado por la actora, siendo por el contrario
autores que no han encomendado a dicha entidad la gestión de sus
derechos de propiedad intelectual sobre sus obras y si bien hasta
fechas muy recientes, esta posibilidad de desvirtuar la presunción se
tornaba ciertamente difícil, en los últimos tiempos, está alcanzando
cierto auge el movimiento denominado "música libre", fenómeno que ha
originado la concurrencia o coexistencia de diferentes modelos de
difusión de contenidos en relación con las nuevas posibilidades
ofrecidas por la tecnología."

También señala la SAP Madrid, sección 28ª, de 13 de marzo de 2009 que
"... como ya ha mantenido este tribunal en su sentencia de 21 de
febrero de 2008, en atención a la «enorme cantidad de obras musicales,
españolas e incluso extranjeras, cuyos derechos de autor son
gestionados en España por la SGAE, no encontramos razones, dadas las
circunstancias de este caso (especialmente la relativa al tipo de
música que se emplea para este tipo de actividades) y a falta de
indicios de lo contrario, para poner en entredicho que las comunicadas
en el local del demandado correspondieran el repertorio de ésta".

Es necesario, por tanto, que el demandado justifique que la música que
se comunique no corresponda a socios de los actores, es decir, que no
estemos ante obras de su repertorio. La abundante prueba testifical
practicada en el acto del juicio permite extraer una conclusión
unánime, en el Bar Radar se comunican fonogramas que tienen la
consideración de "comercial". Los testigos manifestaron que en el bar
se pone música experimental, que esa música es elaborada por ellos
(los testigos) o que se baja de internet de páginas web donde los
artistas (no asociados) "cuelgan" su música para darse a conocer y
permiten que otros las usen; música con licencia copyleft o creative
commons. El carácter de música experimental que se pone en el bar no
sólo se reconoce por los testigos (Andrés A., Adolfo G. Juan Carlos
B. o Susana G. N.), sino de la propia documental aportada por la
actora (documento nº 9). Especialmente significativa, respecto al tipo
de música del bar, fue la declaración del testigo Javier R., quien
manifestó que había llegado a poner sonidos de la máquina de hielo y
del congelador, concretamente la denominó, "música del maestro
corberó". También se manifestó en términos parecidos Susana G. N.,
presidente de una asociación dedicada a la distribución de música con
licencias libres, copyleft, al señalar que la música que escuchó era
con licencia copyleft. Esto nos da una muestra clara del tipo de
música que se pone, totalmente alejada de los circuitos comerciales;
sin embargo, esto no es suficiente para considerar que los fonogramas
no pertenecen al repertorio de las actoras. Nos referimos al hecho de
que se trate de música alejada de los circuitos comerciales, y ello
porque las actoras no restringen su ingreso a este círculo. Sin
embargo, la totalidad de los testigos nos han manifestado que la
música que se pone es compuesta y ejecutada por ellos (ninguno es
socio de las actoras) o de otras personas en las mismas condiciones, o
que se bajan sonidos de internet puestas por sus autores o ejecutantes
no socios de las entidades de gestión; es decir, nos movemos dentro
del ámbito alternativo, en el sentido de autores, intérpretes artistas
o productores que no forman parte de las entidades de gestión que
ponen sus obras a disposición del público en general. El hecho de que
en el local no se ponga que se trata de música con licencia copyleft o
derivados no quiere decir por ello que la música sea del repertorio de
los actores, sino lo que estaríamos ante un incumplimiento de las
licencias concedidas que daría lugar, en su caso, a responsabilidad
ante el licenciante. Pero en modo alguno nacería la obligación de pago
por la comunicación, ya que en este caso las entidades de gestión
estarían percibiendo una retribución por obras que no gestionan, es
decir, que no son de sus socios, y por ello al distribuir la
compensación al verdadero intérprete, artista o productor, no
percibiría la parte correspondiente al no ser socio de esas entidades,
produciéndose así un evidente enriquecimiento injusto.

Por lo tanto, hemos de considerar que efectivamente se ha practicado
prueba por la demandada que desvirtúa la presunción de la actora, sin
que sea necesario acreditar que toda la música que ponen sea de esas
páginas, ya que lo relevante es que ha podido desvirtuar la presunción
a favor de la actora, y por ello ha de entenderse que no se hace uso
del repertorio de la actora.

En este punto, es posible traer a colación la SAP Guipúzcoa de 28 de
julio de 2009, que indica que "...  De lo actuado no puede
desprenderse que se haya acreditado que todas y cada una de las obras
musicales que se comunican públicamente en el establecimiento de la
demandada fueran temas originales de propia creación o incluso temas
cedidos gratuitamente por sus autores a través de Licencias Creatives
Commons, u otras similares pero exigir dicha prueba, sería exigir una
prueba diabólica, cuando no puede ignorarse el hecho de que la
cuestión litigiosa se centra en si la demandada ha usado música
procedente de autores que hayan confiado a la actora la gestión de sus
derechos dimanantes de sus obras, siendo ésta quien reclama, lo que sí
ha quedado acreditado es que la demandada dispone de medios personales
y capacidad técnica para crear su propia música y acceder a ella, y
precisamente por ello, destruida la presunción corresponde al
demandante acreditar que en el local gestionado por la demandada se
reproduce música gestionada por ella.

Y así hemos de ponderar el hecho de que la prueba desplegada a
instancia de la parte demandada avala la tesis defendida por aquella
al manifestar que en el local donde se encuentra el establecimiento
"Pokhara" se escucha música exclusiva e independiente creada por DJ
alejados de la música comercial ,bien en directo o grabada por ellos,
haciendo uso de la música de autores que no tienen conexión con la
SGAE.

En ese sentido han de ser puestas de manifiesto las declaraciones de
Clemencia manifestando que los CD que existen en el establecimiento no
se corresponden con CD habituales de música comercial; que la
filosofía del local desde sus orígenes ha sido la de no seguir la
música comercial, destacando la participación del DJ, apodado Kindada,
a la hora de justificar el tipo de música que se escucha en el local,
así como de otros DJ, e incluso del propio marido de la declarante,
manifestando que aquel en vida, disponía de su propio estudio de
música donde realizaba sus composiciones que luego se escuchaban en el
local, disponiendo de múltiples grabaciones; y estas manifestaciones
vienen refrendadas por el propio testimonio del DJ, apodado Kindada,
quien en lo esencial vino a ratificar lo ya expuesto por la titular
del negocio con respecto al tipo de música que se escuchaba en el
local.

También ha de añadirse la circunstancia de que de las fotografías que
figuran unidas a los autos y que se corresponden con los CD existentes
en el local, no puede deducirse que tales CD se correspondan con temas
y autores habituales en la red comercial, y en todo caso no puede
ignorarse el hecho de que las declaraciones del comercial de la parte
actora, Sr. Roque lejos de avalar la tesis mantenida por aquella
evidencian que en el momento en que por parte de aquél se giró visita
al establecimiento regentado por la apelada no pudo reconocer los
temas musicales que se escuchaban como perteneciente a los autores que
han venido confiando a la actora la gestión de los derechos dimanantes
de sus obras.

Por todo ello debemos concluir en el sentido de que la prueba
propuesta y admitida a la actora ha sido escasa e irrelevante para
acreditar los extremos por ella defendidos, por lo que en atención a
lo expuesto procede desestimar el recurso formulado contra la
sentencia dictada en primera instancia, confirmando aquella en su
integridad."

Por lo tanto se debe desestimar la demanda.

TERCERO: De conformidad con lo establecido en el art. 394 L.E.C. al
haberse producido una desestimación de la demanda se imponen las
costas a la actora.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación.

Fallo
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Que DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda interpuesta por la
procurador Dña. xx en nombre y representación de la Asociación de
Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Artistas, Intérpretes o
Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) contra Don Manuel
Jesús Sevillano Rodríguez, ABSOLVIENDO al demandado de los pedimentos
formulados en su contra y todo ello con expresa condena en costas a
las actoras.

Notifíquese esta sentencia a los interesados, haciéndoles saber que
contra la misma cabe recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Madrid, que deberá prepararse en el plazo de cinco días
ante este Juzgado.

Así por esta mi sentencia que decide definitivamente en la instancia,
la pronuncio, mando y firmo, Javier García Marrero, Magistrado-Juez
del Juzgado Mercantil nº 5 de Madrid y su partido.

PUBLICACION.- Leída y hallada conforme fue la anterior sentencia por
el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la ha suscrito, estando celebrando
audiencia pública y en el día de su fecha. Doy fe.