(Reproducción de un artículo publicado en Libertad Digital el día 11 de diciembre de 2014).
Ayer día 10 de diciembre de 2014, Google ha anunciado que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, desmonta para España su servicio de Google News. Para quienes no lo conozcan, este servicio extrae automatizadamente una porción de las cabeceras de los titulares de la versión digital de los periódicos, las agrupa y las sirve como enlaces. Es lo que se conoce como un agregador de noticias.
Que Google News iba a desaparecer de España lo sabíamos todos, menos el legislador y los empresarios de los medios de comunicación integrados en AEDE quienes en un ejercicio de ignorancia absoluta han utilizado sus medios como plataformas para justificar un canon absolutamente ilógico, sirviendo el legislador como correa de transmisión de sus necesidades financieras.
El 14 de febrero de 2013 el Ministerio de Cultura, Educación y Cultura lanzó un anteproyecto de reforma de la ley de propiedad intelectual. Como gran sorpresa en el anteproyecto figuraba un nuevo canon a las universidades por los materiales que pudieran utilizar, canon que sería cobrado por CEDRO. Entre otras modificaciones más, se regulaba nuevamente la Comisión Sinde, aquélla que iba a acabar con la piratería de las webs de enlaces en 7 días, como prometieron en la anterior modificación de la ley y que se había demostrado inoperativa. En este texto inicial, nada se mencionaba sobre una tasa a los agregadores de noticias.
El anteproyecto de reforma pasó por todos los órganos consultivos, incluyendo el Consejo de Estado, quien emitió su dictamen el día 28 de noviembre de 2013 teniendo en cuenta el contenido entonces del texto. Obviamente, el Consejo de Estado nada pudo informar del canon sobre los agregadores de noticias puesto que todavía no se había incorporado al anteproyecto.
A finales de diciembre de 2013 cesan al director de La Vanguardia, José Antich. A finales de enero de 2014 dimite el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez. A mediados de febrero de 2014 cesa el director de El País. Y en esas mismas fechas, mediados de febrero de 2014, se anuncia sorpresivamente que se introduce en el texto de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual lo que se vino a llamar canon AEDE o tasa Google, de cuya gestión se vendría a ocupar CEDRO, idéntica entidad que la que gestionaría el canon a las universidades. ¿Quién está detrás de CEDRO? Pues detrás de CEDRO están las editoriales, íntimamente conectadas, el Grupo Planeta, con las cadenas de televisión Antena 3 y la Sexta.
En abril de 2014 se producen hasta tres reuniones de la Vicepresidenta del Gobierno con el sector editorial.
Y hoy es noticia en toda la prensa que Google News se desactiva en España. Lógico. Ya fue imposible implantar la tasa Google en Bélgica, en Francia y más recientemente en Alemania, cuando los editores de los periódicos observaron una pérdida del 80% de los visitantes. En un mundo en el que la atención es el bien más escaso, intentar cobrar a quien te trae visitantes es de cortos mentales, mientras que legislar en este sentido es de ignorantes. La tasa Google sería equivalente a un mundo en que los restaurantes pretendiesen cobrar a los guías turísticos por llevarles un autobús lleno de clientes.
No nos quedemos en la anécdota de que Google News se desactiva. El problema no es ese. El problema es que nos hallarnos en manos de unos legisladores ignorantes que dictan leyes cuya finalidad es llenar las arcas de sus socios empresarios, persistiendo en el tipo de actos que nos ha llevado a la ruina moral y económica actual. El problema no es la piratería de Google a quien se le reprocha explotar noticias ajenas, el problema son los corsarios que nos gobiernan a golpe de Boletín Oficial del Estado.
