Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Internet (y III)

Como control al poder absoluto del mundo real, se estableció la división del mismo en los tres poderes clásicos: poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Lo que en realidad significa tal división es una separación de funciones y una atribución de las mismas a tres órganos diferentes.

Al poder legislativo se le dotó de las funciones de emanación de normas jurídicas. Hasta entonces, las leyes eran dictadas por el rey o los funcionarios delegados de aquél. Existían otras normas no emanadas de la autoridad que podemos sintetizar en tres grupos: (i) normas de autoregulación dentro de determinados sectores (la Lex Mercatoria es un buen ejemplo), (ii) Fueros territoriales o sociales y (iii) normas consuetudinarias (costumbre elevada a la categoría jurídica). No obstante, y como elemento esencial, la autoridad no estaba sometida a la Ley y todas las leyes estaban sometidas a la voluntad del Soberano, quien podía derogarlas por su solo deseo.

De esencia al nacimiento del poder legislativo como ente autónomo es el Imperio de la Ley cuyo significado es que toda autoridad está sometida a la Ley. Aparece el Estado de Derecho.

El poder ejecutivo es la expresión del acto de gobierno. Sus funciones son la toma de decisiones sobre la ejecución de las normas emanadas del parlamento, así como la gestión del bien y patrimonio comunes. Dicha gestión es lo que se llama Administración Pública, que es lo que caracteriza fundamentalmente a las democracias occidentales del siglo XX, la transición desde el Estado legislativo al Estado Administrativo.

Por último, las funciones del poder judicial son las de juzgar la correcta aplicación de las normas. En los sistemas políticos de división de poderes, el Estado goza del monopolio de la coacción y violencia y los órganos judiciales son los encargados de juzgar y ejecutar lo juzgado, reparando las transgresiones sufridas.

En conclusión, las tres funciones delegadas son las de creación de normas, ejecución de las mismas y su juicio de correcto cumplimiento.

Las tres funciones existen en Internet y deberá comenzar a establecerse los límites del poder del Big Brother a través de:

1. La elección democrática del órgano encargado de la creación de normas que regulen la Arquitectura de Internet, con un establecimiento previo y universal de los derechos fundamentales del internauta, ya tratados en artículos anteriores, y la implantación de la gratuidad de los sistemas operativos (en Open Source Code) como patrimonio de la Humanidad.

2. La elección democrática y universal de los órganos de gobierno de Internet. Ello en virtud de una Justicia distributiva para compensar las diferencias de riqueza entre los Estados.

3. El sometimiento del juicio de los conflictos puros de Internet a una jurisdicción universal accesible mediante la Red, debiéndose evitar la aplicación de la vis atractiva de las jurisdicciones estatales. No es justo que una multinacional demande en su país a un extranjero con residencia en otro continente y éste pierda el proceso por el sólo hecho de carecer de medios económicos para costearse el viaje.

Entendemos que las tres propuestas anteriores no dejan de ser una utopía en el estado histórico actual. Pero es el sistema más racional para someter Internet al Estado de Derecho y al Imperio de la Ley. No en vano, es un desarrollo en Internet de los principios que tutelan el mundo real y si dichos principios son indiscutibles en el mundo físico, con mayor razón en un mundo con el poder del virtual.