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1.1 El derecho a compensación por copia privada.

El artículo 25.1 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual (LPI)7 introduce en nuestra legislación un derecho en favor de los autores, los editores, los productores de fonogramas y videogramas, los artistas intérpretes y los artistas ejecutantes a ser compensados por el derecho a la copia privada que pueden realizar los usuarios:

«La reproducción realizada exclusivamente para uso privado, conforme a lo autorizado en el apartado 2 del artículo 31 de esta Ley, mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, originará una remuneración equitativa y única por cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas, en favor de las personas que se expresan en el párrafo b) del apartado 4 del presente artículo, dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón de la expresada reproducción. Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes.»

La razón que se alega para la existencia del derecho es la siguiente: permitir un derecho a una copia privada produce un perjuicio a los autores, que ven sus ingresos mermados en una cuantía equivalente a las copias privadas realizadas y, como el número de éstas es indeterminable, se les otorga a cambio una compensación.

El artículo 25.1 señala que la copia privada que produce el perjuicio y genera el derecho a ser compensado es la señalada en el apartado 2 del artículo 31 del mismo texto legal:

«2. Para uso privado del copista, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25 y 99 a) de esta Ley, y siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa.»

La compensación a que da derecho el artículo 25.1 se traduce en una remuneración económica y se cobra en dinero. El dinero se obtiene gravando los equipos, aparatos y materiales idóneos para realizar la reproducción, según literalmente señala el artículo 25.2 de la LPI:

«Esa remuneración se determinará para cada modalidad en función de los equipos, aparatos y materiales idóneos para realizar dicha reproducción, fabricados en territorio español o adquiridos fuera del mismo para su distribución comercial o utilización dentro de dicho territorio.»

El derecho a que los autores sean compensados por la copia privada nace en el artículo 15 de la Convención de Roma de 26 de octubre de 1961, sobre la protección de los artistas, intérpretes, ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, siendo por primera vez incorporado a una legislación nacional en el año 1965, a través del artículo 54 de la Ley sobre derechos de autor y derechos afines de la República Federal Alemana de 9 de septiembre de dicho año.8

En nuestro Derecho positivo se incorpora a la Ley 22/87, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, reflejándose en la actualidad en el artículo 25.1 mencionado de la vigente Ley.

La realidad tecnológica se ha modificado radicalmente desde que por primera vez se crea el derecho (han transcurrido 43 años) y la aplicación hoy de determinadas normas jurídicas nacidas al amparo de una anterior realidad pudiera devenir contraria a otras parcelas del Ordenamiento Jurídico, incluso de relevancia constitucional, como a continuación desarrollaremos.

La modificación tecnológica de estos últimos 40 años nunca pudo ser prevista por el legislador. Defender lo contrario supondría dotar al legislador de facultades adivinatorias ya que en 1961, año de diseño de este derecho, nadie podía prever cómo sería el mundo en el año 2004, lo que impide utilizar la ''mens princeps'' como criterio hermenéutico en el que fundamentar las consecuencias actuales de la norma.


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