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5 Cuestión de inconstitucionalidad.

El artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dispone textualmente lo siguiente:

«Artículo 35:

1. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.

2. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, debiendo concretar la Ley o norma con fuerza de Ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar y justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de diez días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, resolviendo el Juez seguidamente y sin más tramite en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegase a sentencia firme.»

Entendemos que este precepto es aplicable al presente supuesto ya que existen suficientes razones para considerar que una norma con rango de Ley aplicable al caso, en sus artículos 25 y 147 a 159, inclusive, de la Ley de Propiedad Intelectual, pudiera ser contraria a la Constitución Española.

Solicitamos que, con suspensión de dictar sentencia, se plantee la cuestión de inconstitucionalidad de los artículos citados de la Ley de Propiedad Intelectual mediante la remisión de las actuaciones al Tribunal Constitucional, para proceder al estudio de la constitucionalidad de dicha norma.

Los requisitos legales que deben cumplirse en el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad son los siguientes:

a)
Concreción de la Ley o norma con fuerza de Ley cuya constitucionalidad se cuestiona:

Se cuestionan el artículo 25 y el Título IV, ''Las Entidades de gestión de los derechos reconocidos en la Ley'', artículos 147 a 159, inclusive, en su relación con las normas que imponen la concurrencia obligada en unas mismas entidades de gestión entre personas con los derechos contrapuestos reconocidos en los artículos 25.7, remuneración por copia privada; 90.2, alquiler de obra audiovisual; 20, 90.3 y 90.4 derechos de comunicación pública; 90.7, derechos de alquiler de obras audiovisuales y de exhibición en salas; 108.4, derechos de comunicación pública de artistas, intérpretes y ejecutantes; 109.2 y 109.3, derechos de alquiler de artistas, intérpretes y ejecutantes; 116.3, derechos de comunicación pública de productores de fonogramas; 122.3, derechos de comunicación pública de productores audiovisuales; comunicación pública de los artículos 122.2, 108.3, 108.2 y 116.2 y el artículo 151.5 sobre ponderación de voto, todos ellos de la Ley de Propiedad Intelectual vigente.

b)
Precepto constitucional que se supone infringido.

Se suponen infringidos los artículos 9.3, 31.1, 33.2, 133, 136.1 y 157 de la Constitución española.

c)
Especificación y justificación de, en qué medida, la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión.

La supresión de nuestro Ordenamiento Jurídico de las normas dubitadas obligaría a una resolución favorable al demandante, por lo que la decisión del proceso depende, totalmente, de la validez de las normas cuya inconstitucionalidad se plantea.


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